En las últimas décadas, México ha enfrentado una escalada silenciosa pero alarmante: el robo de autopartes. 

Aunque a menudo eclipsado por otros delitos de alto impacto, este fenómeno representa una carga económica significativa para ciudadanos, aseguradoras y el aparato productivo del país.

Cada año, miles de conductores en México descubren que su vehículo ha sido despojado de espejos, rines, computadoras, faros o incluso puertas. Según cifras recientes de asociaciones de aseguradoras, el robo de autopartes le cuesta al país miles de millones de pesos anualmente. Tan solo la reposición de piezas puede representar entre $5,000 y $80,000 por incidente, dependiendo del modelo del vehículo y las partes afectadas.

Solo el pasado 4 de junio medios informaron el aseguramiento de 81 toneladas de autopartes de presunto origen ilícito en la Ciudad de México. En 2024, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que detuvieron a 554 posibles responsables por este delito y fueron decomisadas 266 toneladas de piezas automotrices.

Información del gobierno de México señala que, del primero de enero de 2018 al tres de junio de 2025, fueron robados 1,316,631 automóviles. Entidades como el Estado de México, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México, en ese orden, fue donde la mayor prevalencia se presentó por este delito. Una gran parte de esos vehículos fueron utilizados para su reventa, cometer actos ilícitos, o bien para su desguace.

Las aseguradoras están sintiendo el impacto. Algunas han elevado sus primas o han limitado la cobertura para ciertos modelos considerados “altamente robables”, lo que incrementa el costo de movilidad para millones de ciudadanos. Este efecto dominó afecta a toda la cadena: desde fabricantes hasta talleres mecánicos, sin olvidar al usuario final.

El problema se agrava con la existencia de un robusto mercado negro de autopartes. Ferias informales y plataformas digitales ofrecen piezas a precios sospechosamente bajos. En muchos casos, estas provienen de vehículos robados o desmantelados ilegalmente. La falta de controles y sanciones efectivas permite que esta economía subterránea prospere con relativa impunidad.

Se advierte que detrás del robo de autopartes hay redes organizadas que operan con una logística casi empresarial: identifican vehículos vulnerables, roban por encargo y distribuyen las piezas en tiempo récord. La complicidad de ciertos elementos de seguridad pública no es un secreto, y representa una barrera más para la erradicación del delito.

La razón más evidente es la existencia de un amplio y activo mercado negro de autopartes. La demanda de refacciones a bajo costo —especialmente en ciudades con alta densidad vehicular como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey— ha impulsado un sistema paralelo que se alimenta del robo donde talleres mecánicos o vendedores informales prefieren adquirir piezas robadas por su bajo precio y rápida disponibilidad. Esto convierte a cada vehículo estacionado en una "bodega ambulante" para abastecer ese mercado.

Si bien existen esfuerzos por parte del gobierno para combatir el robo de autopartes, la falta de coordinación institucional, la nula continuidad en las políticas públicas y una escasa regulación sólida que controle la compraventa de refacciones usadas siguen siendo obstáculos importantes. El delito persiste porque hay mercado, porque hay impunidad y porque la regulación aún no alcanza a la realidad del comercio informal.

El robo de autopartes no es solo un problema de seguridad urbana, sino también un reflejo de dinámicas económicas y fallas institucionales más profundas. Abordarlo requiere más que vigilancia: se necesita una estrategia que incluya reformas legales, control del comercio informal, políticas de inclusión económica y un fuerte impulso al consumo responsable.