Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el diputado Pablo Trejo Pérez, presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, a reforzar las acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil, especialmente en zonas de alta marginalidad.

“El trabajo infantil vulnera de forma directa el desarrollo físico, psicológico, educativo y social de la infancia, y como sociedad no podemos permitir que esta práctica continúe, especialmente en contextos de pobreza y desigualdad”, consideró el legislador.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 160 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan en el mundo, y que casi la mitad de ellos lo hacen en condiciones peligrosas que ponen en riesgo su salud y seguridad.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, en México hay 3.7 millones de menores entre 5 y 17 años que realizan algún tipo de trabajo infantil. 

En la Ciudad de México, aunque la tasa es más baja que en otras entidades, alrededor del 3.1% de los menores se encuentra en esta situación, con presencia creciente en servicios de transporte y actividades de mendicidad forzada.

Trejo Pérez consideró que el trabajo infantil es consecuencia de factores estructurales, como la falta de acceso a educación de calidad, la discriminación dentro del núcleo familiar y la desigualdad de oportunidades, especialmente en comunidades indígenas y afromexicanas, donde se acentúan los niveles de vulnerabilidad.

“Debemos actuar desde el ámbito legislativo para establecer rutas claras de coordinación interinstitucional y territorial que permitan atender no solo las consecuencias, sino también las causas estructurales del trabajo infantil, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de niñez”, añade en el punto de acuerdo.

El Diputado del Distrito 15 en Iztacalco reconoció los esfuerzos recientes del Gobierno de la Ciudad de México, como la creación del padrón interinstitucional de familias en situación de trabajo infantil, la elaboración de diagnósticos focalizados por sector y la mejora en la coordinación entre dependencias. 

Sin embargo, consideró que estos esfuerzos deben fortalecerse con mayor cobertura territorial, acciones diferenciadas y con la participación activa de las alcaldías.

La proposición también hace énfasis en la legislación vigente, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga a los tres órdenes de gobierno a prevenir y sancionar cualquier forma de explotación laboral. 

Además, recordó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en su meta 8.7, establecen como compromiso global la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas para el año 2025.

La proposición fue turnada a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y eventual aprobación.