Este 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” sin que a la fecha se conozca la ubicación de los jóvenes desaparecidos, haya una sola persona sentenciada y con una negación por parte del Ejército mexicano en rendir cuentas sobre la posible actuación de algunos de sus elementos en los hechos.

Llegamos a los 10 años de los hechos que hicieron que miles de personas se volcaran a las calles de la capital a exigir justicia sin que haya una respuesta que pueda cerrar por completo el caso y dé consuelo a las familias de los jóvenes normalistas.

Lejos de cumplir con uno de sus 100 compromisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene diálogo con las familias, quienes se mantienen con una sensación de tristeza de haber sido defraudadas.

“...atemperada sola digamos con la Consolación que les da el que han sido enormemente dignas en esta lucha sin en ningún momento tan sigilo ser susceptibles a las ofertas de sucumbir en su lucha que han venido desde el poder y creo que en ello estas familias como muchos colectivos de personas desaparecidas dan al país un enorme lección de dignidad y de perseverancia en su empeño de de buscar con amor a sus hijos”, señaló el director del Centro de Derechos humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre en una charla que tuvo con la comunicadora Gabriela Warkentin en el podcast Al habla con Warkentin, con motivo de los 10 años de los hechos ocurridos en Iguala.

La desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de tres más ocurrió la noche del 26 de septiembre en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, cuando alumnos de la Escuela Normal se disponían a viajar a la Ciudad de México para participar el 2 de octubre en la marcha en memoria de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Los jóvenes estudiantes tomaron camiones de la terminal de autobuses para viajar a la capital, cuando fueron interceptados por policías municipales quienes atacaron los camiones a tiros. Fueron obligados a bajar, algunos huyeron y otros fueron subidos a vehículos oficiales sin que hasta ahora se sepa su paradero.

El caso fue minimizado por los gobiernos hasta que comenzó a ocupar espacio en la prensa internacional. Funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto manejaron una versión de los hechos en la que señalaban que los jóvenes fueron asesinados, cremados en el basurero al aire libre del municipio de Cocula, vecino al de Iguala, y sus restos arrojados al río San Juan.

Esa versión, llamada “verdad histórica” y defendida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue desmentida por un grupo de expertos internacionales, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La intervención internacional se dio gracias a la defensa legal de las familias de los 43 normalistas, encabezada principalmente por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, al que se sumaron Fundar y Serapaz.

El caso de Ayotzinapa es particularmente doloroso por la condición y origen humilde de las familias que están en busca de los jóvenes, a quienes la PGR trató de criminalizar y quienes han sido revictimizados.

Miles de personas se volcaron a las primeras manifestaciones que se dieron en la CDMX para exigir justicia y sí, también hubo destrozos ante las puertas de Palacio Nacional que fueron reprimidas por elementos de la entonces Policía Federal.

Al 26 de septiembre de 2014 había 29 mil 076 registros de personas desaparecidas en México, actualmente hay más de 115 mil 402 personas desaparecidas y no localizadas, por lo que el caso de los 43 normalistas es uno de entre miles en los que las familias han hecho todo lo posible por conocer el paradero de sus familiares, como excavar fosas clandestinas y recorrer el territorio nacional.

Con el cambio de administración de partido en el poder, se había abierto una esperanza para llegar a la verdad de los hechos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo incluyó como uno de los 100 compromisos de su gobierno. Se creó una comisión de la Verdad, encabezada por el entonces subsecretario para los Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y conforme más se avanzaba, había más señales de la posible participación del Ejército en los hechos de la noche de Iguala.

El director general del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Santiago Aguirre, lo describió así en el podcast “La historia que duele a México, a 10 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa”, conducido por Gabriela Warkentin.

“..un momento en la investigación donde se logra recuperar evidencia que muestra el alcance de la corrupción que generaba el grupo criminal involucrado en los hechos sus vínculos con la política local pero también con algunos elementos del Ejército”, describe el defensor de derechos humanos Santiago Aguirre.

Todo esto, agregó, se dio en un momento en el que la administración estaba apoyándose fuertemente en las Fuerzas Armadas y el proceso de esclarecimiento perdió apoyo, salió de la investigación del fiscal que llevaba el caso y se nombró a alguien sin capacidades, se fueron los expertos internacionales que habían venido a ayudar, salió el subsecretario de Derechos Humanos y lo que prevaleció fue la cerrazón del Ejército y la incapacidad de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero.

“En este contexto el reclamo de los padres y de las madres aumentó y cuando el Gobierno se topó con esos cuestionamientos dignos legítimos y potentes de las familias lo que ocurrió después fue que desde la Presidencia se empezó a distribuir culpas y entonces los responsables de que la investigación no avanzara resultaron ser quienes estaban ayudando a que esto ocurriera”, señaló Aguirre. 

La CDMX como espacio de protesta

Desde la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Ciudad de México ha sido el principal espacio en el que se ha expresado la exigencia de justicia a través de marchas y movilizaciones que se han cumplido mes con mes, sin falta, desde la columna de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

La principal avenida de la capital del país, el Paseo de la Reforma, ha pasado de ser una ruta de héroes de la Independencia a una ruta de antimonumentos por actos de injusticia, entre ellos, la desaparición de los 43 normalistas.

Este 26 de septiembre se prevén diversos actos en protesta y acompañamiento a las familias. Uno de ellos se lleva a cabo en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras a las 10:00 de la mañana.

Karla Leyva, del colectivo Nuestra América, explicó a EXPLORA CDMX que las familias de los normalistas darán una conferencia de prensa con el acompañamiento de la comunidad universitaria y de representantes de movimientos sociales y colectivos.

“La finalidad es que ellos puedan tener un espacio, donde se sientan arropados 

y puedan dar un mensaje a la nación”, comentó.

“Elevamos la exigencia por que se resuelve efectivamente este caso, aunque este gobierno hizo el compromiso, no hizo prácticamente avances y hacemos una exigencia de que se castigue a los responsables y se extradite a Tomás Zerón para que enfrente cargos”, comentó.

Al evento en la Facultad de Filosofía y Letras fueron invitadas organizaciones como el 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, pueblos de Xochimilco, de Pedregales de Santo Domingo, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, El Centro de Derechos humanos Miguel Agustón Pro, Serapaz, así como organizaciones de familias y madres buscadoras, así como escuelas rurales normalistas del país, entre otras.

La marcha de las familias y normalistas dará inicio a las 16:00 horas en la columna del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.