Los diputados Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras y Pablo Trejo Pérez, coordinadora y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, respectivamente, presentaron en el Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Albergues Privados para Personas Mayores de la Ciudad de México, en materia de los derechos humanos.

La iniciativa aborda el innegable fenómeno global del envejecimiento poblacional. En el contexto local, la Ciudad de México ya se encuentra en la etapa avanzada de envejecimiento demográfico.

De acuerdo con el reporte de la ONU, Perspectivas de la Población Mundial 2024, para finales de la década de 2070, se prevé que la población mundial de 65 años o más alcance los 2,200 millones, y supere en número a los menores de 18 años. A mediados de la década de 2030, habrá 265 millones de personas mayores de 80 años, más que niños.

Las estimaciones más recientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2025), indican que en el país existen 17,121,580 de personas mayores, las cuales representan el 12.8 % de la población total. 

Se prevé que para el año 2030, el país alcance una etapa de envejecimiento demográfico, caracterizada por tener más personas mayores (14.96%) que jóvenes (0 a 14 años). Además, se estima que para el año 2070 el porcentaje de personas mayores ascenderá al 34.

Si las tendencias actuales se mantienen, en seis años el Estado de México y la Ciudad de México concentrarán el mayor porcentaje de personas mayores del país, superando el 21% en 2030 y entrando así la etapa muy avanzada del proceso de envejecimiento demográfico.

Los promoventes señalan que un número creciente de personas mayores reside en albergues privados, los cuales son “espacios de estancia permanente destinados a brindar atención gerontológica a personas mayores, las 24 horas del día, durante los 365 días del año”.

Sin embargo, los diputados argumentan que la ley actual, que data de 2009 con reformas parciales, “no aborda de manera suficiente la protección de sus derechos fundamentales, dejando un vacío legal que expone a una población vulnerable a posibles abusos, negligencia y pérdida de autonomía”.

Por ello, se considera indispensable que el marco jurídico evolucione de un enfoque puramente asistencialista a uno basado en los derechos humanos, tal como lo establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La propuesta de reforma se considera esencial para proteger y promover los derechos humanos de este sector poblacional, alineándose también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 10 y 11 de la Agenda 2030.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y eventual aprobación.